Una empresa industrial que cerró protegiendo 30 años de trabajo

Un empresario de 62 años, fundador de un taller de mecanizado industrial, llevaba tres décadas fabricando piezas para automoción. La pérdida progresiva de dos clientes que representaban el 55% de su facturación dejó la empresa en situación inviable en menos de un año. Tenía 23 empleados, un préstamo ICO de 120.000 € del que era avalista personal y deudas acumuladas con proveedores por 67.000 €.

Su gestor le decía que buscara nuevos clientes. Su abogado le hablaba de concurso. Él solo quería cerrar bien y jubilarse sin que le embargaran la casa.

La nave industrial era de alquiler con 4 años de contrato pendiente y una cláusula de penalización equivalente a 18 meses de renta (126.000 €). La maquinaria estaba parcialmente financiada: dos leasings activos con valor residual pendiente de 43.000 €. Los ERE en el sector tenían precedentes conflictivos en la comarca y varios empleados llevaban más de 15 años en la empresa.

Javier planteó un camino que nadie le había propuesto: liquidar la maquinaria antes del cierre formal, usar ese ingreso para cubrir las liquidaciones laborales, y negociar simultáneamente la rescisión del alquiler y la cancelación de los leasings. Todo en paralelo, no en secuencia.